28/12/2025 / Acento
Introducción
Durante la última década, la educación dominicana ha ocupado un lugar central en la agenda pública, impulsada por la aplicación efectiva del mandato legal de destinar al menos el 4 % del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria, establecido en la Ley General de Educación 66-97. A partir de 2013, tras el Compromiso Político y Social por la Educación firmado a finales del 2012, este mandato comenzó a cumplirse de manera sostenida, generando expectativas legítimas sobre una mejora significativa de la calidad educativa y de los aprendizajes.
Los avances han sido reales y visibles. Se expandió la cobertura, se invirtió en infraestructura escolar, se fortalecieron programas de apoyo a la vulnerabilidad y, de manera particularmente destacada, se mejoraron sustancialmente las condiciones salariales del magisterio. Hoy, los salarios docentes en la República Dominicana se sitúan entre los más altos de América Latina cuando se comparan en términos de paridad de poder adquisitivo (OECD, 2023). Estos logros constituyen conquistas sociales importantes y no deben ser minimizados.
Sin embargo, la evidencia acumulada muestra que estos avances no se han traducido en mejoras proporcionales en los aprendizajes, ni en una reducción sostenida de las brechas educativas. Los resultados de evaluaciones internacionales y nacionales revelan aprendizajes fragmentados, bajos niveles de logro integral y profundas desigualdades entre centros, territorios y modalidades. Esta aparente paradoja —más inversión y mejores salarios, pero resultados educativos modestos— ha reactivado un debate público intenso que exige ser abordado con rigor y sin simplificaciones.
El mito de la subejecución presupuestaria
Una de las explicaciones más recurrentes en el debate público ha sido atribuir los limitados resultados educativos a una supuesta incapacidad del Estado para ejecutar adecuadamente el presupuesto asignado al sector. Esta narrativa ha sido cuestionada de manera sólida por el trabajo de David Lapaix (2025), quien analiza detalladamente la ejecución del gasto educativo entre 2013 y 2024.
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Más allá de los recursos: el diseño institucional importa
Si el problema no está en la ejecución presupuestaria, la pregunta central persiste: ¿por qué los aprendizajes no mejoran de manera consistente? En este punto resulta útil considerar las reflexiones de Andrés Dauhajre sobre los desafíos estructurales del país. En análisis recientes, el autor ha planteado que muchos de los problemas nacionales persisten no tanto por falta de recursos, sino por debilidades en el diseño institucional y por la escasa coherencia de la acción pública (Dauhajre hijo, 2025).
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En la República Dominicana, el aumento salarial no estuvo acompañado de una transformación equivalente en estos otros componentes. Como resultado, el salario ha operado como un insumo legítimo desde el punto de vista social, pero limitado como palanca de cambio educativo. El problema central no es el salario en sí mismo, sino la ausencia de un marco institucional coherente que articule currículo, formación docente y evaluación.
El currículo: ambicioso en el papel, frágil en la práctica
El currículo dominicano, en su formulación normativa, es ambicioso y se alinea formalmente con enfoques por competencias. Sin embargo, persiste una brecha significativa entre el currículo prescrito, el currículo efectivamente enseñado y el currículo evaluado. La sobrecarga de contenidos, la escasa priorización de aprendizajes fundamentales y la débil traducción didáctica han limitado su impacto en la práctica cotidiana del aula.
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Formación docente: un puente incompleto
A esta debilidad curricular se suma una formación docente —inicial y continua— que no siempre prepara al profesorado para implementar el currículo real que se le exige. La formación inicial presenta brechas en el dominio didáctico de las áreas fundamentales y en el uso de la evaluación formativa. La formación continua, por su parte, ha sido abundante en actividades, pero fragmentada y poco articulada con los resultados de aprendizaje y con las necesidades concretas de los centros educativos.
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Evaluación: certificar sin aprender
La evaluación ha sido otro eslabón débil del sistema. En lugar de consolidarse como una herramienta formativa orientada a la mejora, ha operado predominantemente como mecanismo de certificación y promoción. Esta situación se refleja con claridad en los resultados de las Pruebas Nacionales.
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El centro educativo y el liderazgo
La evidencia apunta con claridad a un hecho fundamental: la mejora educativa ocurre —o no ocurre— en el centro educativo. Es allí donde convergen currículo, formación docente, evaluación, liderazgo y organización del tiempo. Centros con liderazgo pedagógico efectivo, trabajo colaborativo docente y uso formativo de la evaluación logran mejores resultados, incluso en contextos adversos.
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Alinear el sistema: el verdadero desafío
Ignorar esta evidencia no sería un error técnico, sino una decisión política con consecuencias educativas duraderas. El país tiene hoy la oportunidad de elevar el debate educativo, pasando de discusiones centradas en el gasto o en la estructura administrativa a una conversación más exigente sobre cómo garantizar oportunidades reales de aprendizaje para todos los estudiantes.
Ese es, en última instancia, el reto central de la educación dominicana: transformar inversión sostenida en aprendizaje efectivo, equitativo y socialmente significativo.
